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BRÚJULA

NADA CAMBIA EN EL PODER LEGISLATIVO. LA SIMULACIÓN Y EL CINISMO ES IGUAL O PEOR CON MORENA. EL PAÍS RETEROCEDE MEDIO SIGLO. EL PODER ES DE UN SOLO HOMBRE: EL PRESIDENTE.

 

 
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Quercus

PORTAL DE CONTENIDOS/ FEBRERO 2019

LA SOCIEDAD EXIGE UN GOBIERNO EFICAZ.

LA NOTA.

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PACTO DE IMPUNIDAD

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NACIONAL.

TODA PERSONA SEÑALADA DE UN DELITO, CULPABLE O NO, IRÁ A PRISIÓN

  • - Como en el pasado, los abusos podrán concretarse contra inocentes

    - Morena mayoritea, y "compra" a nueve nuevos diputados "independientes" del PRD

    Pese a las peticiones de organismo defensores de derechos humanos, como Naciones Unidas y la CNDH, la Cámara de Diputados aprobó por 377 votos a favor, 96 en contra y cinco abstenciones la reforma al Artículo 19 constitucional en la que se anexan nueve delitos más al catálogo de conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa en México.

    Con ello, y como sucedió en el pasado, toda personas que sea señalado por un delito será enviado a prisión, sea culpable o no, y hasta en tanto un juez lo determine luego del proceso que en México puede durar años.

    En una discusión de unas siete horas, y tras la toma de la tribuna por partidos de oposición a la alianza de Juntos Haremos Historia (Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo), el pleno de la Cámara Baja aprobó por dos terceras partes, integrar los delitos de: feminicidio, abuso sexual contra menores, la desaparición forzada cometida por particulares, el robo de transporte en sus diversas modalidades, el robo a casa habitación y delitos cometidos con armas de fuego y explosivos los cuales sólo tiene permiso de usar el Ejército.

    El coordinador de diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, indicó que la ampliación del catálogo de prisión preventiva no modificará el panorama de inseguridad en el país.

    Además, los delitos de uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción en sus vertientes de uso abusivo de funciones de servidores públicos y enriquecimiento ilícito, así como el robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; así, el imputado deberá de ser encarcelado mientras se resuelve su inocencia o culpabilidad.

    Estos delitos se suman a los que ya se encontraban tipificados como de prisión preventiva oficiosa: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

    De acuerdo con el dictamen aprobado, mismo que pasará a las legislaturas locales para que sea analizado y votado y, en caso de que al menos 17 legislaturas aprueben la reforma, pasará al Ejecutivo federal para la declaración de reforma constitucional, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa se evaluará, con los nuevos delitos tipificados, en los cinco años posteriores a su puesta en vigor.

    Dicha evaluación, se indica en el dictamen, se hará a través de informes sobre la aplicación de la medida que deberán de remitir las procuradurías y fiscalías estatales, así como organismos de derechos humanos y los gobiernos estatales y federal.

    MORENA, SIMULA EN EL CONGRESO

    Durante la discusión de la reforma, los legisladores del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PRI acusaron que se simuló el parlamento abierto, mecanismo por el cual se realizaron audiencias en donde especialistas nacionales, así como organizaciones también nacionales e internacionales y Naciones Unidas, criticaron en su mayoría la medida ya que, afirmaron, va en contra de los derechos humanos.

    “Lo primero que hay que decir es que esto se trata de una simulación más de la Cuarta Transformación, porque desde el pasado 6 de diciembre que este dictamen se aprobó en el Senado de la República ha habido diferentes audiencias y acercamientos entre legisladores.

    “Organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales en materia de derechos humanos, para que al final, después de más de dos meses y de un cacaraqueado parlamento abierto, vamos a votar exactamente el mismo dictamen que fue aprobado en el Senado. No vengan a decir que escuchan a la ciudadanía porque ustedes no escuchan”, acusó la diputada Martha Tagle de Movimiento Ciudadano.

     

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LA GUARDIA NACIONAL ES MODELO DE DICTADURAS: ONU

    • La formación militar, viola estándares internacionales en materia de derechos humanos, deforma preceptos constitucionales establecidos desde hace siglo y medio y emula un modelo propio de regímenes dictatoriales o antidemocráticos.

      Así lo advirtieron expertos en Derecho constitucional e internacional, y el representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), durante las audiencias públicas convocadas por el Senado para analizar la minuta de Guardia Nacional aprobada por la Cámara de Diputados, e impulsada por el gobierno de López Obrador.

      Los especialistas consideran que el modelo propuesto en dicho dictamen ha caído en desuso desde hace más de dos décadas, y que hoy en día solo se asemeja a la guardia militarizada de Venezuela.

      Sumado a lo anterior, la mayoría de ellos coincidió en que es una solución fallida, pues los datos muestran que en 2006, cuando comenzó el periodo de combate a la violencia con el uso de fuerzas armadas, la tasa de homicidios en México era de 8 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que para 2018 dicha tasa ya asciende 25 crímenes por 100 mil habitantes.

      “No me parece posible que México sea incapaz de constituir una fuerza policial civil capaz de enfrentar a la delincuencia y opte por una vía que no es acorde al Derecho Internacional”, sentenció en su intervención Jan Jarab, el representante de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

      Viola marco internacional y constitucional

      Uno de los puntos centrales en que coincidieron la mayoría de los especialistas es que el modelo de Guardia Nacional planteado en la minuta aprobada por los diputados, el cual incluye componentes militares en áreas como la formación, disciplina, fuero y mando mixto, violenta de forma flagrante el marco internacional en materia de derechos humanos que México está obligado a acatar.

      El abogado experto en Derecho Constitucional y Derecho Internacional, Santiago Corcuera Cabezut, advirtió que ningún estado democrático puede invocar modificaciones a sus normas internas para ir en contra de los parámetros convencionales que están en tratados internacionales, y que son claros en el del uso excepcional y limitado de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

      “El Senado está obligado a llevar a cabo un control legislativo de convencionalidad porque estamos ante un dictamen que dice formar una policía civil, pero que delega múltiples tareas a la Defensa: desde el reclutamiento, la disciplina, el mando con mayoría militar. Es no es policial sino es militar, y es una contradicción frontal a la norma internacional”, dijo.

      Jan Jarab hizo hincapié en que México “tiene obligaciones con los estándares internacionales” en derechos humanos que no pueden soslayarse. Advirtió que lo normal en un estado democrático es enfrentar con instituciones policiales civiles a los delincuentes, y que el uso de las fuerzas armadas debe ser extraordinario, como lo han dejado en claro las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, y la decisión de la Suprema Corte de Justicia en México al anular la Ley de Seguridad Interior.

      “Las dos máximas cortes en México y el continente han dictado sentencias sobre el papel excepcional de fuerzas armadas en seguridad. Pero ahora se pretende elevar a política convencional lo que es extraordinario. La intervención militar sino es extraordinaria, regulada y fiscalizada no pasa la prueba de la convencionalidad”, dijo Jarab.

SCJN

SETENCIADOS BAJO ANTERIOR SISTEMA PROCESAL PENAL PUEDEN SER PRELIBERADOS CON EL NUEVO SISTEMA: SCJN

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      Bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un juicio de amparo en el que analizó la posibilidad de que las personas que fueron sentenciadas por la comisión de un delito bajo el anterior sistema procesal penal, pudieran solicitar -conforme a sus intereses conviniera- los beneficios preliberacionales contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual recoge el actual proceso penal acusatorio.

      Se consideró que la intención del legislador al emitir la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, fue derogar los distintos beneficios preliberacionales previstos tanto en el Código Penal Federal como en las legislaciones especiales de la Federación y las relativas a las entidades federativas, para que únicamente fueran aplicables los contemplados en esa ley.

      Asimismo, que el otorgamiento de tales beneficios era un mecanismo de control jurisdiccional que no incidía en un aspecto procesal sino en un aspecto sustantivo relacionado con la libertad personal y la igualdad de los sentenciados, por lo que era dable su aplicación a las personas que obtuvieron una condena penal con anterioridad a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, conforme al principio pro persona contemplado en el artículo 1° de la Constitución Federal.

      En este sentido, la resolución de la Sala asume que los beneficios preliberacionales inciden en las afectaciones a la libertad personal derivadas de la pena que el legislador considera necesaria en este momento para cumplir con los fines sustantivos de ésta, por lo que no hay razón para dar un trato desigual a los condenados bajo sistemas procesales distintos, si los beneficios introducidos por la Ley Nacional de Ejecución Penal resultan más favorables al solicitante.

      Por tales motivos, se determinó que el Cuarto Transitorio del Decreto de reforma constitucional que implementó el nuevo sistema de justicia penal, no constituía un límite para otorgar el beneficio de la libertad anticipada previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en razón que si por disposición legal los sentenciados que fueron procesados conforme al nuevo sistema en los casos previamente establecidos, podían pedir, y en su caso, obtener los beneficios preliberacionales, entonces, atendiendo a los principios consagrados en nuestra Constitución, entre ellos el de igualdad y el de aplicación retroactiva de la ley en beneficio del sentenciado, las personas que fueron condenadas bajo el anterior sistema por los mismos delitos y en los mismos supuestos que aquéllos, también podían solicitar y, en caso de ser procedente, obtener los mismos beneficios en la ejecución de la pena.

       

Teresa Gurza

La diferencia

Francisco Ramírez
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Son de la Loma
De la Suprema Corte
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De interés.

Rafael Cardona Sandoval
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Estación San Lázaro