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BRÚJULA

EL GOBIERNO DE AMLO PARECE ENEMIGO DE LA SOCIEDAD. LA QUIERE SOMETER CAMBIANDO LEYES, INCLUSO, PISOTEANDO LA CONSTITUCION Y SUS GARANTÍAS.

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Quercus
PORTAL DE CONTENIDOS/ ABRIL. 2021.

MUERTES ESTIMADAS COVID19MX: 320 X 3.5 = 1.024.000 / HOMICIDIOS CON AMLO: 78,000 EN 25 MESES

AMLO: NIÑOS CON CÁNCER, MUEREN.

NO HAY VACUNAS.NI TRATAMIENTOS

http://issuu.com/mundol/docs

NACIONAL

INCONSTITUCIONALES LOS DATOS BIOMÉTRICOS
ESPIONAJE MASIVO Y SECRETO DE LA FISCALÍA  
INAI: DAÑO IRREPARABLE A LA SOCIEDAD

Para el jurista José Ramón Cossio, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pretensión del gobierno de López Obrador, de obtener a base de coerción los datos biométricos de TODOS los individuos en México, sería declarada Inconstitucional en el máximo tribunal.

Aún más, “el registro de datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM) para fines de identificación de la población requiere del mayor cuidado posible, ya que podría representar riesgos para la protección de los datos personales”, advierte textual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La minuta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en el Senado de la República, busca otorgar atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para la instalación, operación, regulación y mantenimiento del PNUTM, con la finalidad de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad pública y justicia, ante la comisión de delitos cometidos por usuarios de la telefonía móvil.

De acuerdo con la minuta aprobada, el padrón contendrá los siguientes datos: 1) número de línea de telefonía móvil; 2) fecha y hora de activación de la línea telefónica móvil; 3) nombre completo, denominación o razón social del usuario; 4) nacionalidad; 5) número de identificación oficial y Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea; 6) datos biométricos del usuario (persona física) o de su representante legal (persona moral); 7) domicilio del usuario; 8) datos del concesionario de telecomunicaciones; 9) esquema de contratación de la línea, y 10) avisos de actualización de información, por lo que se considera que podrían generarse riesgos al derecho a la protección de datos personales de los titulares.

Se advierte un riesgo potencial al permitir que el manejo de información de carácter biométrico, para fines de identificación personal, pueda ser manipulado por un número elevado de operadores de telefonía, pues se presume que serán las propias empresas las encargadas de recabar dichos datos.

Para el INAI, el manejo de datos biométricos relacionados con la identidad de una persona, así como el tratamiento de los otros datos que se recaben, requiere del mayor cuidado posible, puesto que cualquier afectación o vulneración podría generar daños significativos de una difícil o imposible reparación, sobre todo, considerando que los datos biométricos hacen referencia a aspectos que permiten ser asociados, de manera única, a una persona y, por ende, constituyen características insustituibles.

Resulta fundamental que el tratamiento de datos biométricos cumpla con los principios, deberes, derechos, procedimientos y obligaciones, previstos en la normatividad en materia de protección de datos personales.

Asimismo, se deberán implementar las medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas, acordes a los más altos estándares internacionales, a fin de garantizar el tratamiento adecuado de dichos datos y, previo a la implementación del padrón, elaborar una evaluación de impacto en la protección de datos personales.

El INAI considera imprescindible limitar al máximo la recolección de datos biométricos que pudieran revelar información sensible de las personas, así como obtener y utilizar únicamente los que sean necesarios, adecuados y no excesivos para las finalidades con las que serán recabados.

ESPIONAJE MASIVO Y MILITARIZACIÓN

La actual Fiscalía General de la República (FGR) ha comprado programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos.

En 2019 y 2020, la Fiscalía firmó al menos cuatro contratos por 5,6 millones de dólares con la compañía Neolinx de México, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Esta firma ha fungido en el país como intermediaria de la italiana Hacking Team.  Las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la Fiscalía. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ha dado seguimiento a este tipo de contrataciones, considera que la operación de estos sistemas puede llegar a ser violatoria de derechos humanos porque en algunos casos constituye una vigilancia masiva que violenta los requisitos de necesidad, proporcionalidad y autorización judicial.

Neolinx es una firma mexicana creada en 2009 y vinculada a la venta de equipos de espionaje. En 2015, se dio a conocer que había servido como intermediaria de la italiana Hacking Team en México después de que se filtraran cientos de correos electrónicos y documentos internos con detalles de sus operaciones. La información dada a conocer reveló que el consorcio italiano había comercializado sus productos a 35 países, muchos de ellos señalados por violaciones a los derechos humanos. México había sido hasta entonces su principal cliente.

La Red para la Defensa de los Derechos Digitales R3D hizo un análisis de los datos divulgados tras la filtración y denunció que al menos 12 estados del país tuvieron relaciones comerciales con Hacking Team, a través de sus diversas intermediarias. Según el análisis hecho por la R3D en ese entonces Neolinx habría vendido sus productos al Gobierno de Guerrero y del Estado de México, así como a la Policía Federal, PGR y Defensa Nacional, entre otras dependencias. En abril de 2018 habría firmado el último contrato con la Fiscalía antes del cambio de administración. Ahora se sabe que Neolinx ha seguido vendiendo sus insumos y servicios al gobierno actual, esta vez como intermediaria de la empresa israelí Rayzone Group.

EL PAÍS encontró en diversos informes del órgano interno de control de la FGR que la Fiscalía al mando de Alejandro Gertz Manero ha celebrado al menos cuatro contratos para servicios de consulta y análisis de datos masivos, así como para localización geográfica. La adquisición de estos programas no es ilegal y son usados, según justifican las autoridades, para el combate a la delincuencia organizada.

Sin embargo, también pueden ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia, como ha advertido la R3D en diversos informes. Si bien las invasiones a la privacidad por parte de la autoridad no se encuentran absolutamente prohibidas, sí existen límites estrictos a este tipo de actividades de vigilancia, afirma Luis Fernando García Muñoz, director de la R3D. Además en México la utilización de estos sistemas de vigilancia son sumamente problemáticos porque otorgan un poder invasivo amplio. “La vigilancia masiva no es compatible con los principios de necesidad y proporcionalidad”, reitera.

El primer contrato celebrado durante la gestión de Gertz Manero al frente de la FGR estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se firmó el 30 de mayo de 2019 por un monto de 2,4 millones de dólares. El objeto fue: “Servicio de localización geográfica en tiempo real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica, consistente en instalación puesta a punto, configuración y liberación de 135.000 búsquedas, sin que exista un límite de búsquedas diarias”, según un reporte del OIC consultado por este diario. El servicio descrito en el contrato es conocido en el mercado del ciberespionaje como Geomatrix y es el mismo que había adquirido la Fiscalía en el sexenio anterior y que era usado sin controles, según una publicación de 2019 hecha por la R3D en colaboración con Reporte índigo. Este producto es desarrollado por Rayzone Group, un consorcio que diseña y fabrica soluciones cibernéticas y de inteligencia para agencias gubernamentales y federales. En su web describe el producto que vendió a la FGR a través de Neolinx como una solución única que permite a las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley ubicar, rastrear y manipular a los suscriptores de GSM / UMTS / 3G / 4G (LTE) de manera encubierta y virtualmente desde cualquier lugar del mundo, todo en tiempo real. “La solución sigilosamente determina el estatus, la ubicación y el movimiento de los objetivos de interés, desde cualquier lugar en una ciudad o área hasta el país entero y más allá de las fronteras, localizándolos con alta precisión en tiempo real”, detalla.

Otro de los contratos firmados por la FGR con Neolinx fue para la adquisición del servicio “Echo-Plataforma de consulta y análisis de datos masivos”. La compra estuvo a cargo de la Policía Federal Ministerial, según la documentación consultada. En 2019 el costo fue de 1,1 millón de dólares, mientras que en 2020 la Fiscalía pagó 1,7 millones de dólares por el servicio. El producto también es fabricado por la empresa israelí Rayzone, que lo define como un sistema estratégico de SIGINT (Inteligencia de señales) que proporciona a las agencias de inteligencia y policiales información amplia, diversa y en profundidad sobre usuarios globales de internet. Es una plataforma que permite a los usuarios (como la FGR) obtener información sobre un punto de interés en particular o la recolección masiva de información de todos los usuarios de internet en el país. No requiere preinstalación de ningún equipo físico y opera de forma silenciosa y encubierta. Aunque se buscó la postura de la FGR a fin de saber qué uso se le estaba dando a estos servicios contratados a través de Neolinx, no se recibió respuesta.


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AMLO TERMINA CON LA GRATUIDAD EN SALUD

  • López Obrador se apropia ahora de 33 mil millones de pesos del sector Salud, vía sus incondicionales legisladores de Morena, PT, Verde y PES, lo que muestra un Congreso sometido.

    Se acabó el fondo de gastos para enfermedades catastróficas, lo que significa que a partir de ahora, todos los enfermos –incluido niños y mujeres- con tratamientos como del cáncer, trasplantes de órganos y 66 enfermedades o padecimientos como el del VIH, malformaciones o atención a recién nacidos, se eliminan de tajo.

    Conforme al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, su objetivo es establecer un límite a la capacidad del Fondo de Salud para el Bienestar de acumular recursos que le son transferidos por vía presupuestal pero que no son erogados.

    Es decir, cuando el Fondo de Salud para el Bienestar acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos como aportaciones al fideicomiso del Fondo, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos correspondiente a la Tesorería de la Federación o mediante el Fondo de Salud para el Bienestar, pero sin reglas de operación o pre etiquetados y se deja a la discrecionalidad.

    El artículo Segundo Transitorio precisa que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que, a más tardar el 1 de abril de 2021, concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta treinta y tres mil millones de pesos del patrimonio de ese Fideicomiso, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

    En un acto de irresponsabilidad y negligencia criminal de MORENA y sus aliados en la Cámara de Diputados, el destino médico de muchos mexicanos que se enfermen en el futuro cercano quedó sellado al trasladar el dinero del Fondo de Salud (33 mil millones de pesos) para el uso indiscriminado del Ejecutivo Federal.

     AMLO QUITÓ LOS RECURSOS PARA ENFREMOS DE COVID19

    Así se expresaron los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba y Sonia Rocha Acosta durante el debate al dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 77 bis 17 y se modifica el párrafo segundo del artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud.

    La diputada Rocha Acosta dijo que la propuesta abre la puerta a la eliminación del derecho a la salud de este país, a la incertidumbre, a dar la espalda otra vez a los que menos tienen.

     Aseguró que, de acuerdo a estudios sectoriales, los recursos acumulados en este fondo, estimados en 33 mil millones de pesos, permiten cubrir por 10 años la atención de enfermedades catastróficas; sin embargo, en solo dos años hemos visto problemáticas como el desabasto de medicamentos y la falta de atención.

    “En 2018, el fondo tenía 101 mil millones de pesos, sin embargo, para 2019, la mayoría, Morena en la Cámara de Diputados, le retiró 40 mil millones de pesos con la reforma del INSABI y eso sí, le pusieron un transitorio en el cual se enviaría un informe detallado sobre la utilización de los recursos, sin que a la fecha se conozca reporte alguno”.

    Preguntó por qué los 33 mil millones de pesos que contiene dicho fondo, ¿no están en el Paquete Presupuestal 2021 etiquetados?.

     Y acusó directo: “se están dedicando a desmantelar las cosas que había y que eran útiles”.

    Por su parte, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, señaló a los ciudadanos al decir: “Usted que tuvo que sacar sus ahorros de la Afore para poder comprar medicamentos de bolsillo. Usted que me ve en su casa y va a tener una persona adulta con un infarto al miocardio y que le digan no (hay servicios médicos), espérese. Espérese a que hagamos la licitación. Pues no, 19 mil millones de pesos de ahorro que hoy usted (legisladores de Morena) sabe que son medicinas que no compraron. Para atender a los enfermos de Covid porque no hay un solo peso más de la federación (a los Estados). No se llenen la boca de mentiras, diciendo que va a haber dinero.

     Advirtió que “muchos mexicanos van a perder la vida por esta negligencia criminal de Morena y sus aliados. Usted que tuvo que sufrir para atender a sus enfermos en su casa porque decían “no vaya hasta que esté grave” porque hay Covid y en un país en el cual tiene diez veces menos camas que Japón, tenemos camas vacías pero los muertos en los domicilios”.

    Los Diputados aprobaron en lo general, por 242 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 77 Bis 17 y modifica el párrafo segundo del artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud.

     

RELEVANTE

EL CATASTRÓFICO MANEJO DE LA PANDEMIA

  • Sólo por la pandemia México lleva, al menos, 500 mil muertos de acuerdo a la fórmula Gatell, de multiplicar las cifras oficiales por 3.2 (al diario The Guardian había dicho que el factor a multiplicar era por 8). Oficialmente declaran 132 mil 069 defunciones al 8 de enero. Y de nueva cuenta, el país superó y batió récord de contagios en un día, al registrar 11,251, además de 800 nuevos fallecimientos.

    El gobierno de López Obrador no tiene hasta hoy una sola propuesta para la construcción de hospitales o clínicas nuevas especializadas, que atiendan a los enfermos del Covid19. El Presupuesto de Egresos de las Federación 2021, no contempló formalmente recursos para la vacuna contra el SARS. Y todo hace suponer en la Ciudad de México se ha puesto en marcha el Código Azul, que significa decidir quien vive y quién muere, o al menos a quien se atiende y a quien ya no (pronto se sabrá).

    El NewYorkTimes reveló lo que la prensa en México ha documentado ampliamente, que “el gobierno utilizó cifras más bajas en dos áreas críticas.  El porcentaje de camas de hospital con ventiladores que estaban ocupadas y el porcentaje de resultado positivos de pruebas de coronavirus, de las que se indicaban públicamente en sus bases de datos oficiales. En repetidas solicitudes para comentar este artículo, los funcionarios del gobierno no explicaron de donde procedían las cifras inexplicablemente más bajas”.

    La emergencia es del tal magnitud, que no solo el sistema de Salud público y privado está colapsado, panteones y crematorios no se dan abasto. La historia gráfica que se publica a diario, es el testimonio y las pruebas de lo que se niega cada mañana.

    El 9 de septiembre pasado, seis exsecretarios de Salud (el último trabajo intelectual del doctor Guillermo Soberón), dieron a conocer un documento que se publicó y en el que emitían 14 recomendaciones para el control de la pandemia, como lo habían hecho otros países. La respuesta del gobierno fue el desprecio, y López Obrador se burló de ellos. Incluso declararía que había “domado” la pandemia y que ya había pasado lo peor.

    En 2020 se recortó en 2% el gasto a Salud, y se canceló la  contratación de más médicos o enfermeras (hasta que arreció la pandemia). El fondo de “Gastos Catastróficos” de 40 mil millones de pesos se quedó sin un centavo; más de 68 mil millones de pesos por la desaparición de Fideicomisos y otros 33 mil millones de pesos del sector salud son manejados a discreción y no se sabe (aún) su destino. Pero la suma aumenta con otras acciones recesivas del gobierno.

    Para enero de 2020, se quedaron sin tratamiento niños, mujeres y hombres con cáncer; diálisis; VIH-Sida; diabetes; cirugías; partos; cuidados neonatales; terapias de rehabilitación; quimioterapias o radiaciones; y al menos otras 60 enfermedades que cubría el catálogo del Seguro Popular.

    El Gobierno mexicano va de una pifia a otra. En noviembre pasado, había anunciado que no compraría la vacuna de Pfizer, porque no contaban con la estructura y menos su intención de crearla. “México no tiene una red de ultracongelación”, confirmaba Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y portavoz gubernamental durante la pandemia. Luego dieron marcha atrás, y llegaron tres mil dosis en medio de una parafernalia que encabezó el canciller Marcelo Ebrard, digna del mejor circo del mundo.

    El gobierno también había autorizado en noviembre a probar otras vacunas contra el coronavirus. Alrededor de 5.000 voluntarios fueron sido reclutados en la capital mexicana para probar la seguridad y eficacia del medicamento elaborado por la empresa china CanSino, sin que hasta la fecha se haya informado de los resultados.

    Miles de millones de dólares están “desaparecidos”, guardados o dilapidados, mientras la gente muere a causa del SARS_COVID_2; de enfermedades catastróficas; por falta de tratamientos para el cáncer –incluidos niños-; por falta de vacunas, insumos, personal (alrededor de 15 mil personas del sector salud fueron despedidas en 2019) o instalaciones adecuadas y por la desaparición del Seguro Popular (que cubría hasta 2018 a 52 millones 824 mil 834 personas que quedaron sin protección un año más tarde).

    Durante la última década el presupuesto para salud, medido como puntos del PIB se ha contraído. Alcanzó su punto máximo en 2013 con 2.87 puntos del PIB y, desde entonces, comenzó a descender; en 2019, con López Obrador se ejerció el menor presupuesto de los últimos diez años: 624 mil 474 mdp, 2.55 puntos del PIB.

    No se sabe aún el destino de los ¡68 mil millones de pesos!, por la eliminación en octubre de 2020, de 109 fondos y fideicomisos, que no se pudo evitar pese a la toma de la tribuna por parte de diputados de oposición; Tampoco se sabe aún el monto de los recursos que se dejaron de ejercer desde Octubre pasado, cuando Hacienda dio la orden a las secretarías de Estado de cancelar obras, compras o contrataciones, lo que paralizó al gobierno en su conjunto.

    PAGAS O TE MUERES

    Hay más de cien afecciones y eventos de salud catastróficos, que por orden del gobierno Lópezobradorista ya no cubre la salud pública en México, y que deberán ser pagados por aquellos que vayan a buscar ayuda: entre ellos los infartos de cualquier tipo y sus tratamientos.

    Mientras la realidad económica del país -en recesión- y la pandemia descontrolada del Covid19 ha cobrado la vida de miles de personas, López Obrado también trata de ocultar los más de casi 80 mil asesinatos de una brutal ola de violencia, inseguridad e ineptitud.

    Con las instituciones públicas de salud rebasadas, con una ocupación hospitalaria de 85 por ciento en Ciudad de México -hasta el martes 5 de enero- el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reportó solo seis camas disponibles para hospitalización general y 200 para intubación. En tanto, la Marina ya no tiene camas de hospitalización general para atender pacientes con Covid en la capital y solo seis para intubar, de acuerdo con los datos presentados por el gobierno de la capital, en lo que representa un paso más hacia un “escenario catastrófico”.

    En el documento Reporte 4 de enero, que publica el Gobierno de la CDMX en el portal https://covid19.cdmx.gob.mx/, se indica que en la capital hay una disponibilidad de camas de hospitalización general para atención Covid-19 de 998.  De estas, el IMSS solo tiene dos camas disponibles y el resto se reparte entre otras instituciones como la Secretaría de Salud (278 camas), el ISSSTE (con 95 camas), Sedesa (147), hospitales privados (167), Sedena (458) y en hospitales de Pemex (18).

    El gobierno Obradorista no ha anunciado ninguna inversión para atender la demanda de enfermos. Ello, pese a que ordenó retuvo los millonarios recursos de las secretarías de Estado; desmanteló el fondo de Contingencias; eliminó de facto más de una centenar de fideicomisos con al menos 190 mil millones de pesos; recursos de Salud por más de 33 mil millones.

    En cambio, la Fundación Carlos Slim y otras empresas privadas, informó que la Unidad Temporal Covid-19 (UTC), instalada en el Centro Citibanamex, amplió su capacidad de hospitalización en más del doble, al pasar de 246 a 607 camas. Destacaron que hasta el pasado lunes 4 de enero, en dicho espacio se había dado atención a 5 mil 329 personas infectadas con el nuevo coronavirus por lo que seguirá operando el tiempo que sea necesario. Se estima que podría atender hasta 10 mil pacientes.

    Los distractores de Obrador cada mañana, no pueden ocultar la realidad en que ahora viven millones de mexicanos (70 millones en pobreza y al menos 10 más en extrema pobreza), que además tienen que lidiar con la pandemia; la brutal inseguridad y violencia en todo el país, así como con una crisis económica que agrava el desempleo (más de 12 millones en edad productiva, no lo tendrán en los próximos años) y la falta de apoyos del gobierno (en Estados Unidos cada ciudadano recibió 600 dólares en efectivo aprobados por el Congreso, más incentivos fiscales y apoyos económicos para pequeñas y medianas empresas).

    FISCALÍA OMISA, ANTE  DENUNCIAS POR HOMICIDIO

    El senador Víctor Fuentes Solís denunció –el 17 de marzo de 2020- ante la Fiscalía General de la República (FGR) al secretario de Salud, Jorge Alcocer, por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones, en virtud de su omisión frente a la pandemia de coronavirus y por no velar ni tutelar por la vida y la salud de la población.

    “En México no se han tomado las medidas necesarias ni se ha alertado a la sociedad con la transparencia que la situación lo amerita, derivado del acontecer mundial y considerando que otros países se han declarado en estado de emergencia”, expresó.

    La denuncia señala también que la omisión ocurre en tanto los funcionarios señalados han incumplido lo que Ley General de Salud prevé en sus artículos 181 y 183 “la obligación de la Secretaría de Salud a efecto de que, en caso de epidemia de carácter grave, lo que en el caso acontece, se dictarán de manera inmediata las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud”.

    Asimismo, el senador apuntó que, de conformidad con el artículo 7 del Código Penal Federal, los delitos se configuran por la omisión del sujeto activo, como es en el caso del secretario y el subsecretario.

    “Es evidente que hay tentativa de homicidio por omisión del secretario y subsecretario de tomar las medidas necesarias e idóneas para contrarrestar la propagación y el contagio del virus; la consecuencia será que personas perderán la vida por esas decisiones”, indicó.

    HISTÓRICA FUGA DE CAPITALES

    Banco de México advirtió en marzo pasado, que el país está enfrentando el choque de la actividad económica: Fuga de capitales; venta acelerada de bonos del gobierno (motivado por la creciente desconfianza hacia el gobierno), desempleo (aumentando exponencialmente) y volatilidad extrema.

    Ha entrado en un shock financiero, “con una salida de capital como no lo habíamos visto (nunca). Con una significativa reducción de la tenencia de bonos de gobierno. Además si se da un movimiento en las tasas de interés súbito, podría exacerbar esta situación”, advirtió Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico),
    “Los pronósticos sobre la crisis económica en México reflejan severidad y la crisis será profunda”, dijo sin rodeos. Apuntó que en ningún episodio de la historia de nuestro país se había tenido una desaceleración tan súbita y profunda que dejó la auto suspensión de la actividad productiva.

    En una reunión con los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Díaz de León informó que la pérdida de empleos formales sí es mayor al millón; sin embargo, al sumarle éstos, más los ocupados y los informales, se llega al orden de 12 millones que dejaron de tener una fuente de ingresos.

    “Yo creo que en ningún episodio de la historia se había tenido una desaceleración tan súbita y tan profunda como la que estamos teniendo, precisamente porque viene de una autosuspensión de la actividad productiva.

     

SCJN

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