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EL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR, DARÁ UN GRAN PASO SI LEGALIZA LA SIEMBRA, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE CANNABIS. FELIPE CALDERÓN NO SERÁ PROCESADO POR HABER ENSANGRENTADO AL PAÍS. PERO ES CULPABLE DE MILES DE MUERTES, COMO PEÑA NIETO.

 
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NACIONAL.

LA LEGALIZACIÓN DE CANNABIS, ELIMINARÍA UN MERCADO LUCRATIVO PARA LA DELINCUENCIA

  • El En el último reporte The War Report Armed Conflicts 2017 ; la Academia de Ginebra, una reconocida institución en el campo de investigaciones jurídicas y estudios de políticas en los campos del derecho internacional en conflictos armados; catalogó por primera vez el caso de México y el combate al crimen organizado como un conflicto armado no internacional. El reporte afirma que México se encuentra en guerra con al menos el Cartel de Sinaloa y la Nueva Generación del Cartel de Jalisco. Esto, debido a que desde 2006 la violencia relacionada con el crimen organizado en México se puede caracterizar por dos aspectos. Primero, por batallas violentas entre grupos criminales fuertemente armados, y cada vez más fragmentados, que luchan por el control de las lucrativas oportunidades comerciales de diversas actividades criminales. Segundo, por enfrentamientos violentos entre grupos criminales y las fuerzas armadas del estado, que involucran armamento pesado en ambos lados. Es sumamente preocupante que se incluya a México en este reporte, porque significa que en nuestro país se está desarrollando uno de los diez conflictos armados no internacionales más violentos del mundo.

    La política prohibicionista que México adoptó en los últimos dos sexenios, materializada en ese conflicto armado llamado “Guerra contra el narcotráfico”, ha generado dos consecuencias que dan cuenta del fracaso de la misma: el endurecimiento de la violencia en todos los rincones del país y la criminalización de sectores vulnerables de la sociedad a causa de actividades relacionadas con la cannabis. Esta política surge de una falsa presunción de que el problema de las drogas debe abordarse desde un enfoque penal.

    La política de persecución a nivel federal y estatal de los delitos en contra de la salud, de narcotráfico y narcomenudeo, han visto el aumento sin precedentes de la violencia en todo el país. Con corte en octubre del 2017, el mes más violento de la historia contemporánea mexicana del que se tenga registro, los dos sexenios sumaron 234 mil 996 homicidios dolosos. En ese año, las ejecuciones realizadas por el crimen organizado se incrementaron en un 10% respecto del 2016 al ascender a 13,513 sólo hasta el mes de septiembre. Además, según Reporteros sin Fronteras, 2017 fue el año más mortal para los periodistas que informaron sobre la violencia relacionada con la lucha contra el narcotráfico en México desde 2010. La violencia es al día de hoy uno de los problemas más importantes del país, que ha vestido de duelo al país entero en más de una ocasión y que ha sido causa de una escalada en la violencia no sólo de los grupos criminales, sino de las propias autoridades federales.

    Por otro lado, la política prohibicionista ha traído la criminalización de un sector muy grande del país sólo por actividades relacionadas a la cannabis de bajo impacto. Para el año 2012, el 62% de población reclusa en alguna penitenciaría federal había sido sentenciada por delitos contra la salud: 58.7% de esa población, además, fue sentenciada por alguna actividad relacionada con la  cannabis, aunque no necesariamente por consumo, sino por producción, transporte, comercio, suministro o posesión. En 2011 había 1,509 personas sentenciadas únicamente por consumo o posesión de cannabis. Existe una fuerte persecución de delitos relacionados con la cannabis y sobre todo de aquellos de bajo impacto.

    Lejos de inhibir el problema, se ha registrado un incremento en la actividad de las organizaciones criminales derivada del mercado estadounidense e incluso un aumento considerable del consumo interno de cannabis y otras drogas. En el caso de la cannabis, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco reportó un incremento del consumo promedio, que pasó de un 6% de la población en el 2011 a un 8.6% en el 2016. Se debe de buscar un enfoque diferente para abordar el tema, precisamente porque el objetivo no puede ser erradicar el consumo de una sustancia con tal prevalencia como la tiene la cannabis. Por el contrario, un enfoque de salud pública, que anteponga el derecho a la autodeterminación y la salud del consumidor como principales ejes rectores de intervención, podrá atender el problema de forma eficaz y acorde a las necesidades del usuario.

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ROSARIO ROBLES TRAS EL SAQUEO AL ERARIO

 

Ninguno de los tres “Poderes” de la Federación ha iniciado siquiera una pesquisa ante las evidencias del saqueo a las arcas públicas, evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

  • Andrés Manuel López Obrador, ya salió en defensa de Rosario Robles, tras revelarse el destino de millones de pesos. Dijo que ella, es un "chivo expiatorio".

    El saqueo a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante las gestiones de Rosario Robles, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, no terminó en las 76 empresas presuntamente beneficiadas por contratos de servicios, ya que de los mil 900 millones de pesos del erario público asignados por esas secretarías, más de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivo a diez domicilios.

    De acuerdo con el diario Reforma, a través de una triangulación de depósitos y mediante el servicio de Tameme, Cometra y Panamericano, el dinero en efectivo fue repartido entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017.

    En febrero pasado, la ASF dio a conocer que tanto Sedesol como Sedatu simularon contratos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCSI), la Televisora de Hermosillo (Telherm) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) para operar el desvío millonario.

    Lo que no se había revelado es que el dinero público siguió una ruta para llegar en efectivo a una decena de casas.

    De acuerdo con registros obtenidos por la ASF, 6 de los proveedores subcontratados para prestar servicios a Sedesol y Sedatu, y otras 9 empresas emitieron las órdenes de transferencia.

    Servicios Empresariales Helte, fue uno de los destinatarios, con una oficina supuestamente ubicada en Sócrates 128-3 en Polanco.

    Sin embargo, de acuerdo con el personal que trabaja en el edificio, nunca ha tenido su domicilio en ese lugar.

    Helte aparece como una subsidiaria contratada por un sistema de televisión estatal que debe cumplir con un servicio y también aparece como receptora del efectivo en el último eslabón de la cadena.

    Entre el 7 de diciembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2017, personal de Tameme y del Servicio Panamericano entregó 493.7 millones de pesos en las supuestas oficinas de Helte de Polanco.

    Los 708.2 millones de pesos repartidos en billetes representan 37 por ciento del total del monto desviado conforme la indagación de la ASF.

    Reforma visitó los domicilios a donde presuntamente se envió el efectivo. El de Helte, es el consultorio de una psicóloga; otro es una casa-habitación abandonada, otro es un consultorio de rehabilitación; y uno más es un despacho de fiscalistas.

    En Playa del Carmen se entregó el dinero a una casa de cambio; en Cancún se llevó a una oficina de ADO y en Villahermosa a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

    Tres de los domicilios donde supuestamente el personal de las empresas de traslado de valores entregó el dinero no existen.

    En la ficha de la empresa Transportes Blindados Tameme, el personal registró el 26 de abril de 2016 una orden de envío de cinco envases de billetes que en su conjunto sumaban 22 millones de pesos.

    La carga, que aparentemente fue enviada a las 17:08 horas, tenía como destino la calle de Sócrates 128, en Polanco, y debía ser entregada a la empresa Servicios Empresariales Helte S.A. de C.V.

    Ese día, pero con otra orden de envío, aparentemente el personal de traslado de valores también entregó en la misma dirección otros siete envases con 20 millones de pesos.

    De acuerdo con información recabada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la que Reforma tuvo acceso, los envíos del dinero en efectivo tuvieron su origen en depósitos que dos compañías hicieron a la cuenta de Tameme a través de cheques de BBVA Bancomer.

    Servicios Fiscales en Administración SiC S.A. de C.V. depositó los 22 millones pesos que se empaquetaron en los cinco envases, en tanto que Compu Draz Comercializadora S.A. de C.V. transfirió los 20 millones de pesos en billetes y colocados en siete envases.

    Además del destino y el destinatario, las dos empresas depositantes tenían algo más en común: el dinero convertido en circulante les había sido transferido por otras compañías que, a su vez, lo habían recibido de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) que, a su vez, lo había recibido de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

    Un camino similar siguieron los recursos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu) pagó al Servicio Quintanarroense de Comunicación Social y a la Televisora de Hermosillo. Estas entidades, al igual que RTH, subcontrataron empresas que convirtieron los recursos de manera directa o lo hicieron a través de otras compañías.

    Con información de Reforma 

SENADO

INICIATIVA PARA LEGALIZAR LA SIEMBRA, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE CANNABIS EN MÉXICO

  • Suscriben los senadores, OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA,  RICARDO MONREAL ÁVILA, CON EL AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, del Reglamento del Senado de la República; someten a la consideración del Pleno la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE CANNABIS, bajo la siguiente:

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    En el último reporte The War Report Armed Conflicts 2017 ; la Academia de Ginebra, una reconocida institución en el campo de investigaciones jurídicas y estudios de políticas en los campos del derecho internacional en conflictos armados; catalogó por primera vez el caso de México y el combate al crimen organizado como un conflicto armado no internacional.

    El reporte afirma que México se encuentra en guerra con al menos el Cartel de Sinaloa y la Nueva Generación del Cartel de Jalisco. Esto, debido a que desde 2006 la violencia relacionada con el crimen organizado en México se puede caracterizar por dos aspectos. Primero, por batallas violentas entre grupos criminales fuertemente armados, y cada vez más fragmentados, que luchan por el control de las lucrativas oportunidades comerciales de diversas actividades criminales. Segundo, por enfrentamientos violentos entre grupos criminales y las fuerzas armadas del estado, que involucran armamento pesado en ambos lados. Es sumamente preocupante que se incluya a México en este reporte, porque significa que en nuestro país se está desarrollando uno de los diez conflictos armados no internacionales más violentos del mundo.


    La política prohibicionista que México adoptó en los últimos dos sexenios, materializada en ese conflicto armado llamado “Guerra contra el narcotráfico”, ha generado dos consecuencias que dan cuenta del fracaso de la misma: el endurecimiento de la violencia en todos los rincones del país y la criminalización de sectores vulnerables de la sociedad a causa de actividades relacionadas con la cannabis. Esta política surge de una falsa presunción de que el problema de las drogas debe abordarse desde un enfoque penal.


    La política de persecución a nivel federal y estatal de los delitos en contra de la salud, de narcotráfico y narcomenudeo, han visto el aumento sin precedentes de la violencia en todo el país. Con corte en octubre del 2017, el mes más violento de la historia contemporánea mexicana del que se tenga registro, los dos sexenios sumaron 234 mil 996 homicidios dolosos. En ese año, las ejecuciones realizadas por el crimen organizado se incrementaron en un 10% respecto del 2016 al ascender a 13,513 sólo hasta el mes de septiembre. Además, según Reporteros sin Fronteras, 2017 fue el año más mortal para los periodistas que informaron sobre la violencia relacionada con la lucha contra el narcotráfico en México desde 2010. La violencia es al día de hoy uno de los problemas más importantes del país, que ha vestido de duelo al país entero en más de una ocasión y que ha sido causa de una escalada en la violencia no sólo de los grupos criminales, sino de las propias autoridades federales.


    Por otro lado, la política prohibicionista ha traído la criminalización de un sector muy grande del país sólo por actividades relacionadas a la cannabis de bajo impacto. Para el año 2012, el 62% de población reclusa en alguna penitenciaría federal había sido sentenciada por delitos contra la salud: 58.7% de esa población, además, fue sentenciada por alguna actividad relacionada con la  cannabis, aunque no necesariamente por consumo, sino por producción, transporte, comercio, suministro o posesión. En 2011 había 1,509 personas sentenciadas únicamente por consumo o posesión de cannabis. Existe una fuerte persecución de delitos relacionados con la cannabis y sobre todo de aquellos de bajo impacto.


    Lejos de inhibir el problema, se ha registrado un incremento en la actividad de las organizaciones criminales derivada del mercado estadounidense e incluso un aumento considerable del consumo interno de cannabis y otras drogas. En el caso de la cannabis, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco reportó un incremento del consumo promedio, que pasó de un 6% de la población en el 2011 a un 8.6% en el 2016. Se debe de buscar un enfoque diferente para abordar el tema, precisamente porque el objetivo no puede ser erradicar el consumo de una sustancia con tal prevalencia como la tiene la cannabis. Por el contrario, un enfoque de salud pública, que anteponga el derecho a la autodeterminación y la salud del consumidor como principales ejes rectores de intervención, podrá atender el problema de forma eficaz y acorde a las necesidades del usuario.


    Regular la cannabis


    El cannabis tiene principalmente dos compuestos: el Tetrahidrocannabinol (THC) y Cannabidiol (CBD). El THC es una sustancia con efectos tanto benéficos como adversos para la salud de las personas. En algunos casos –como su consumo junto con otras sustancias y farmacéuticos– o dependiendo de la tolerancia de cada cuerpo con diferentes estados del THC, la cannabis puede traer efectos no deseados al cuerpo del consumidor. Sin embargo, existen estudios científicos que demuestran que estos efectos negativos de la cannabis son menores y menos peligrosos para la salud que drogas que actualmente son legales, como el alcohol y el tabaco.


    Desde el punto de vista sus efectos negativos, no existe algún motivo por el cual la cannabis no sea legal, mientras que el alcohol y el tabaco lo sean.


    No solamente los efectos negativos del THC han resultado ser menores de los que comúnmente se creía por prejuicios infundamentados. Sino que existen efectos benéficos que también se han demostrado científicamente. En este sentido, se encontró que la cannabis tiene “diversas propiedades farmacológicas”  tales como: analgésicas, ansiolíticas, antidiabéticas, antimicrobianas y neuroprotectoras, entre otras. Otro estudio, titulado Marihuana y salud, compila  los siguientes padecimientos para los que se ha demostrado la efectividad de la  cannabis para tratarlos:

    1. Cáncer,
    2. Diabetes mellitus,
    3. Glaucoma,
    4. Epilepsia,
    5. Ansiedad,
    6. Depresión,
    7. Transtorno del sueño,
    8. Dolor crónico,
    9. Esclerosis multiple,
    10. Nauseas y vomito,
    11. Asma bronquial,
    12. Isquemia cerebral
    13. Síndrome de Tourette, y
    14. Enfermedades terminales.

    Los autores del estudio concluyen que la evidencia científica disponible explica y da soporte al uso medicinal de la marihuana  . Crece la evidencia de que, bajo supervisión médica, el cannabis representa una opción en pacientes que no responden a terapias convencionales, por lo que la cannabis podría constituirse en uno de los medicamentos más útiles en medicina.


    Regulación propuesta


    El mayor reto al que se enfrenta cualquier modelo de regulación es el de equilibrar el enfoque de salud pública con el interés del comercio. Esto, porque el primero busca minimizar riesgos y daños relacionados con el consumo de cannabis, mientras que el segundo busca promover su uso para obtener mayores ganancias. Ahora bien, el modelo que se propone impulsar es el modelo de regulación legal estricta; es decir, el punto medio entre prohibición absoluta y el libre mercado.


    Entre las características del mercado estrictamente regulado destacan:

    • Mercado comercial legal regulado y monitoreado en toda la cadena de valor.
    • Creación de padrón o registro de volúmenes de producción.
    • Coordinación de la federación con las entidades.
    • Coordinación intersecretarial.
    • Marco regulatorio flexible que pueda adaptarse a nueva evidencia de un tipo de producto en especial, en el uso de aditivos, edulcorantes, o en los límites de THC u otro componente.
    • Prohibición de promoción, patrocinio y publicidad del cannabis y sus derivados para uso personal.
    • Implementación de sanciones administrativas, con flexibilidad de ejecutar sanciones más laxas, por contravenciones de las normas de licencia sobre producción, distribución y venta.
    • Implementación de sanciones penales para delitos ejecutados con violencia.

    Justificación y principios


    Dado que la Constitución no debería de imponer un ideal de excelencia humana; sino permitir que cada individuo elija su propio plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los demás, el Estado tiene dos obligaciones. Por un lado, la de respetar la autonomía de las personas y por el otro, la de evitar que dicha autonomía afecte a los demás. Para que el Estado tenga la capacidad de cumplir con ambas obligaciones, es necesario que intervenga en el mercado del cannabis. A través de la regulación, el Estado tendrá la capacidad de acompañar el mercado con información, estándares mínimos, monitoreo, verificación, y evaluación. 


    En ese sentido, la presente regulación se enmarcará en los siguientes ejes rectores:

    1. Respetar la autonomía de las personas.
    2. Proteger la salud de las personas frente a un producto psicoactivo;
    3. Minimizar la alteración de potencias de componentes del cannabis con efectos inciertos;
    4. Promover la información basada en evidencia, sobre etiquetado y condiciones de consumo;
    5. Proteger de riesgos a la población más vulnerable: niños, niñas y jóvenes;
    6. Establecer la venta de cannabis como un servicio socialmente responsable;
    7. Facilitar programas de rehabilitación y tratamiento para todo aquel que lo solicite.

    Esta iniciativa propone un modelo de regulación responsable y adecuado a la realidad mexicana que opta por el cambio y que reconoce el momento histórico que nos apresta a emprenderlo.

    Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone a la H. Cámara de Senadores la aprobación del texto del siguiente:


    PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE CANNABIS.
     
    ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la LEY GENERAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE CANNABIS, para quedar como sigue:
    Ley General para la Regulación y Control de Cannabis
    Título primero
    Disposiciones GeneralesCapítulo I
     
    Artículo 1. La presente ley es de utilidad pública y sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente la Ley General de Salud y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
    Artículo 2. La presente ley se aplicará a las siguientes materias:

    1. La siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización, portación y consumo del cannabis y sus derivados; para fines personales, científicos y comerciales.
    2. El control sanitario del cannabis para usos personales, científicos y comerciales.

     
    Artículo 3. La concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de la presente ley se hará conforme a las disposiciones correspondientes de la Ley General de Salud.
    Artículo 4. La siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización, y en su caso, la aplicación de medidas de seguridad y sanciones relativas al cannabis y sus productos serán regulados bajo los términos establecidos en esta ley. 
    Toda persona tiene derecho a portar hasta treinta gramos de Cannabis.  Las personas que requieran portar más de treinta gramos tendrán que solicitar un permiso al Instituto.
    Artículo 5. La presente ley tiene las siguientes finalidades:

    1. Establecer lineamientos generales para la regulación del cannabis en su siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización;
    2. Garantizar el derecho a pacientes con enfermedades de difícil tratamiento que puedan acceder a medicamentos con características que permitan mejorar sustancialmente su calidad de vida y bienestar;
    3. Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los posibles riesgos atribuibles al consumo de cannabis;
    4. Desalentar las actividades ilegales en relación con el cannabis mediante sanciones apropiadas y medidas de aplicación;
    5. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de legislación y políticas públicas basadas en un diagnóstico.
    6. Prevenir y disminuir la incidencia de casos de automedicación y envenenamiento por consumo no controlado de productos personales y medicinales de cannabis y sus derivados.

     
    Artículo 6. Para efecto de esta Ley, se entiende por:

    1. Autoconsumo: comprende los derechos correlativos al autoconsumo de cannabis psicoactivo: tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo personal del cannabis. El autoconsumo excluye expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.
    2. Cannabis: una especie vegetal miembro de la familia de las Cannabácea, capaz de producir cannabinoides. El cannabis consiste en tres especies o variantes principales: cannabis sativa-sativa, cannabis sativa-indica, y cannabis sativa ruderalis. El cannabis puede ser psicoactivo o no psicoactivo dependiendo de su fenotipo.
    3. Cannabis ilícito: el cannabis que es o fue cultivado, vendido, producido o distribuido por una persona a quien se prohíbe hacerlo en virtud de esta Ley; o que haya sido importado por una persona a quien se prohíbe hacerlo en virtud de esta Ley.
    4. Cannabis no psicoactivo: es un perfil fenotípico de Cannabis en donde el valor obtenido de la relación para determinar el fenotipo es menor al establecido por el Instituto; esto indica que se trata de una variedad de bajo contenido de THC y, por lo tanto, no tiene propiedades psicoactivas. Es comúnmente conocido como cáñamo.
    5. Cannabis psicoactivo: es un perfil fenotípico de Cannabis en donde el valor obtenido de la relación para determinar el fenotipo es mayor al establecido por el Instituto; esto indica que la planta se cultiva para producir altos niveles de THC. Es comúnmente conocido como marihuana.
    6. Cannabinoides: un grupo de compuestos químicos orgánicos de tipo terpenofenólicos que son asociados con la actividad farmacológica que presenta el cannabis.
    7. Cannabinoides sintéticos: son aquellos cannabinoides que simulan la actividad de los fitocannabinoides, pero no son de origen natural.
    8. CBD: Cannabidiol.
    9. Consumo problemático: uso de sustancias psicoactivas que la persona usuaria reconoce provoca trastornos en su salud biológica, psicológica, emocional o social; en la funcionalidad de su familia, escuela, trabajo; en su economía; conla comunidad en la que vive; o con la Ley.
    10. Fenotipo: es un rasgo característico que tiene la planta tomando en cuenta la relación proporcional que existe entre los porcentajes de THC (ingrediente psicoactivo) y CBD (ingrediente no psicoactivo).
    11. Fitocannabinoides: también llamados cannabinoides clásicos, son los cannabinoides que se encuentran naturalmente en la planta de cannabis en forma de ácido carboxílico y presentan actividad biológica cuando la estructura es descarboxilada mediante procesos catalizados por calor, luz o en condiciones básicas.
    12. Instituto: Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, órgano descentralizado conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal encargado de regular, reglamentar, monitorear, sancionar, y evaluar el sistema de regulación del cannabis.
    13. Ley: Ley General para la Regulación y Control del Cannabis.
    14. Producto de uso adulto: Cannabis preparada para su consumo o sus derivados para personas mayores de edad.
    15. Productos de uso médico: cannabis preparada para consumo, sus derivados, o sus cannabinoides para algunas enfermedades o aliviar determinados síntomas bajo supervisión médica.
    16. Producto de uso terapéutico: cannabis preparada para consumo, sus derivados o cannabinoides, destinados a fines de prevención, tratamiento y alivio de los síntomas de enfermedades que no requieren supervisión o autorización médica.
    17. Productos derivados del Cannabis: aceites, cremas o cualquier otra sustancia producida con cannabis.
    18. Productos farmacéuticos de Cannabis: medicamentos que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley General de Salud que provengan del cannabis.
    19. Promoción, publicidad y patrocinio de los productos de Cannabis: toda forma de comunicación, recomendación, o acción comercial -mediante cualquier medio- que tenga como efecto o posible efecto promover directa o indirectamente: una marca de cannabis, fabricante de cannabis, cualquier producto de cannabis, la venta de cannabis, o su consumo.
    20. Persona usuaria: persona que usa Cannabis o sus derivados con fines personales, médicos, o terapéuticos.
    21. Reducción de riesgo y daño: conjunto de políticas, programas y prácticas no coercitivas e incrementales, orientadas a evitar o reducir situaciones de riesgo o mejorar las condiciones de uso y la gestión responsable del consumo; a fin de disminuir los posibles daños asociados al consumo de sustancias psicotrópicas legales o ilegales.
    22. Sistema: Sistema de Regulación y Control del Cannabis.
    23. THC: tetrahidrocannabinol.

    Capítulo II 
    Principios y Derechos

    Artículo 7: Las instituciones garantes del derecho a la salud deberán regir su funcionamiento de acuerdo con los siguientes principios:

    1. Dignidad humana: la interpretación, así como las medidas adoptadas que deriven de esta Ley deberán ser formuladas en un marco exhaustivo que incluya los principios de universalidad, indivisibilidad, relación mutua e interdependencia de todos los derechos humanos.
    2. Disponibilidad: se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud. Esto con la finalidad de garantizar el derecho a la salud.
    3. Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser accesibles para todas las personas. La accesibilidad presentará cuatro dimensiones superpuestas:
      • No discriminación: se deberá garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, posición económica, discapacidad, edad, estado civil, orientación e identidad sexual, estado de salud, lugar de residencia, situación económica y social, o de cualquier otra índole.
      • Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades
      • Asequibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con la salud deberán basarse en el principio de equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, principalmente de los grupos socialmente desfavorecidos.
      • Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información basada en evidencia relacionadas con la salud. El acceso a la información no debe menoscabar la privacidad de los datos personales relativos a la salud.
    1. Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico. Así mismo, deberán cumplir con los requisitos de sanidad y salubridad.
    2. Autodeterminación de las personas: se deberá reconocer y proteger el derecho de las personas a adoptar sus propias decisiones relacionadas con el uso del Cannabis, respetando la capacidad de alcanzar su propio potencial, su sentido de la dignidad y su derecho a adoptar las decisiones que afectan su manera de vivir. Esto siempre y cuando no menoscabe el derecho de terceros.
    3. Justicia social a través de medidas afirmativas: se deberán implementar políticas públicas dirigidas a los grupos sociales, étnicos y minoritarios, que históricamente han sufrido discriminación a causa de injusticias sociales o políticas prohibicionistas. Estas medidas consisten en un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que han sido víctimas.
    4. Perspectiva de género: la perspectiva de género es un método que, bajo un esquema de interseccionalidad, detecta la presencia de tratos diferenciados (basados en el sexo, el género o las preferencias y orientaciones sexuales­) y determina si dicho trato es necesario y, por lo tanto, legítimo; o si, por el contrario, es arbitrario y desproporcionado y, por lo tanto, discriminatorio.
    5. Perspectiva multicultural: los pueblos indígenas tienen derecho a medidas específicas que les permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las atenciones de esta. Los servicios relacionados con este rubro deben ser apropiados desde el punto de vista cultural, por lo cual deberán tener en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y la medicina tradicional. El Estado debe proporcionar recursos para que los pueblos indígenas establezcan, organicen y controlen esos servicios de tal manera que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.
    6. Progresividad: el Estado tiene la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del derecho a la salud para todos sus habitantes.

     
    Artículo 8: Las personas tienen derecho a la salud, el cual implica:

    1. El goce del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.
    2. El acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.
    3. La libertad de controlar su salud y su cuerpo, el derecho a no padecer injerencias, y el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales.
    4. Un sistema de protección a la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel de salud posible.

     
    Artículo 9: Las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual implica la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo. De tal manera, supone el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado. Lo anterior, siempre y cuando no afecte el ejercicio del derecho de terceros. 
    Capítulo III 
    Prohibiciones
    Artículo 10. Queda estrictamente prohibido, bajo las disposiciones de esta Ley:

    1. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos de Cannabis para uso adulto a menores de edad;
    2. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos de Cannabis.

    La persona que incumpla este artículo será sancionada penalmente conforme a la legislación aplicable.
    Artículo 11. Queda estrictamente prohibido, bajo las disposiciones de esta Ley, conducir cualquier vehículo, manejar equipo o maquinaria peligrosa bajo el efecto del THC.
    A la persona que se le compruebe que conducía un vehículo bajo los niveles de THC superiores a los establecidos por el Instituto, será sancionado conforme a esta Ley, así como las leyes y reglamentos locales. 
    El Instituto brindará la capacitación, asesoramiento y los insumos necesarios a los funcionarios especialmente designados con la finalidad de realizar los procedimientos y métodos de control expresamente establecidos por las autoridades competentes a los fines mencionados en el artículo anterior, en sus jurisdicciones y conforme a sus respectivas competencias. 
    El método de detección de altos niveles de THC debe ser sustentado en evidencia científica y descartar cualquier tipo de discrecionalidad por parte de las autoridades competentes.
    Título Segundo
    Producción para uso personal
    Capítulo I
    Autoconsumo
     
    Artículo 12. Queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta veinte plantas de Cannabis en floración destinadas para consumo personal en propiedad privada, siempre y cuando:

    1. La producción de Cannabis no sobrepase los 480 gramos por año,
    2. Las personas hayan registrado sus plantas ante el Instituto en el padrón anónimo.

     
    Artículo 13. Las personas que debido a su condición de salud requieran sembrar, cultivar, aprovechar, preparar y transformar más de veinte plantas de Cannabis, podrán solicitar un permiso al Instituto con base en lo establecido en el Reglamento. 
    Capítulo II
    Cooperativas de producción
     
    Artículo 14. Queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar plantas de Cannabis para uso personal por cooperativas de cannabis, siempre y cuando cuenten con una licencia de autorización y cumplan con los requisitos de verificación emitidos por las autoridades competentes.
    Artículo 15. Las cooperativas deberán:

    1. Dedicarse únicamente a la producción de Cannabis, derivados del Cannabis y accesorios del Cannabis;
    2. Contar un mínimo de dos y un máximo de 150 socios;
    3. Contar con un Código de Ética;
    4. Acreditar haber tomado al menos un curso de generación de capacidades para el autoconsumo, y
    5. Ofrecer servicios de información y asesoramiento profesionalizado en reducción de riesgos y daños dirigido a los socios. Así como de detección temprana y seguimiento de consumo problemático, el cual deberá tomar en cuenta el principio de autodeterminación de las personas establecido en esta Ley.

    Artículo 16. Las cooperativas tienen prohibido:

    1. Proveer de Cannabis, o cualquiera de sus derivados, a personas ajenas a la cooperativa o a otras cooperativas;
    2. Producir más de 480 gramos de Cannabis al año por socio. El excedente deberá donarse a las instituciones correspondientes para fines de investigación científica.
    3. La venta y consumo de bebidas alcohólicas o de cualquier otra sustancia psicoactiva dentro de sus instalaciones, con excepción del Cannabis.
    4. Realizar cualquier acto de promoción, publicidad y patrocinio de la cooperativa o de sus establecimientos, los productos de Cannabis, o sus derivados.

    Artículo 17: El Instituto estará encargado de regular lo concerniente a la fracción II del artículo anterior con base en su Reglamento.
    Artículo 18. Los socios de las cooperativas deberán:

    1. Ser mayores de edad,
    2. No ser socios de ninguna otra cooperativa productora de Cannabis, y
    3. Participar en la administración de la cooperativa o en la toma de decisiones.

    Artículo 19. En relación con la sociedad y funcionamiento de las cooperativas, se remite a la Ley General de Sociedades Cooperativas todo lo que no esté expresamente contemplado en esta Ley.
    Título Tercero
    Uso científico y de investigación
    Capítulo Único
     
    Artículo 20. Las autorizaciones para los actos que se refiere este título para fines médicos, científicos y cosméticos deberán apegarse al cumplimiento de los siguientes requisitos:

    1. Contar con un protocolo de investigación autorizado por el Instituto,
    2. Para persona física, ser mexicano,
    3. Para persona moral, tener 80% de capital nacional,
    4. Cumplir con las disposiciones ordenadas en los reglamentados del Instituto, y
    5. Los que establezca la legislación vigente que no contravenga esta Ley.

    Artículo 21. El Instituto deberá definir los criterios relacionados con la fracción I del artículo anterior, los cuales deberán ser claros, objetivos y accesibles para los centros de investigación.
    Artículo 22. Los medicamentos derivados del Cannabis no podrán anunciarse, promocionarse o publicarse en ningún medio. 
    Título Cuarto
    Uso comercial
    Capítulo I
    Disposiciones Generales
     
    Artículo 23. Queda permitida la siembra, cultivo, cosecha, producción, procesamiento y venta de Cannabis con fines comerciales, siempre que se realicen en el marco de la presente Ley, sus principios, la legislación vigente y con la autorización previa de las autoridades correspondientes, las cuales tendrán facultades de supervisión directa.
    Los requisitos para obtener licencia para producir Cannabis o sus derivados para fines comerciales estarán determinados por su uso:

    1. Farmacéutico;
    2. Terapéutico, paliativo, o herbolario;
    3. Adulto, o
    4. Industrial.

    Artículo 24. Los impuestos en la compra y venta de Cannabis y sus productos se determinarán por las autoridades correspondientes, previa consulta al Instituto, con base en los siguientes objetivos:

    1. La protección de la salud pública, con especial énfasis en el interés superior de la infancia y adolescencia, y la reducción del consumo problemático del Cannabis, y
    2. El desplazamiento del mercado informal.

    Artículo 25. Todos los paquetes y envases de productos de Cannabis para uso comercial que se vendan en el territorio mexicano deberán de llevar la declaración: “Venta autorizada únicamente en México”.
    Artículo 26. Para la exportación e importación, los paquetes y envases deberán cumplir con el etiquetado correspondiente al destino según la Ley que aplique.
    Artículo 27. Queda prohibido realizar toda forma de publicidad, directa o indirecta, cuyo propósito sea la promoción del uso de Cannabis o sus productos en:

    1. Eventos de cualquier tipo que fomenten el uso adulto,
    2. Medios de comunicación impresa, radio, televisión, cine, revistas, carteles, correo electrónico, tecnologías de internet, así como cualquier otro medio idóneo.

    Artículo 28. Queda estrictamente prohibido, bajo las disposiciones de esta Ley, comerciar productos comestibles derivados del Cannabis.
    Capítulo II
    Uso terapéutico y paliativo
     
    Artículo 29. Queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, preparar, producir, procesar, transportar, distribuir y vender Cannabis con fines terapéuticos y paliativos siempre y cuando cuenten con una licencia de autorización y cumplan con los requisitos de esta Ley, así como los establecidos por las autoridades competentes.
    Artículo 30. La producción, venta y todo control sanitario de los productos de Cannabis para usos terapéuticos o paliativos se regirá con base en lo establecido en la Ley General de Salud.
    Artículo 31. El transporte del Cannabis y sus derivados para uso terapéutico o paliativo quedará sujeto a las disposiciones establecidas por el Instituto.
    Artículo 32. La venta de Cannabis y sus derivados para fines terapéuticos o paliativos se delimitará a los puntos de venta determinados por Instituto. Estos establecimientos están obligados a ofrecer servicios de información y asesoramiento profesionalizado.
    Capítulo III
    Uso farmacéutico
     
    Artículo 33. Queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, preparar, producir, procesar, transportar, distribuir y vender Cannabis con fines farmacéuticos siempre y cuando cuenten con una licencia de autorización y cumplan con los requisitos de esta Ley, así como los establecidos por las autoridades competentes.
    Artículo 34. El transporte de fármacos derivados del Cannabis quedará sujeto a las disposiciones que establezca el Instituto.
    Artículo 35. La venta de Cannabis y sus derivados se realizará únicamente con receta médica, mientras que los cannabinoides sintéticos requerirán receta médica controlada.
    Artículo 36. La venta de fármacos derivados del Cannabis se delimitará a farmacias únicamente. Estos establecimientos estarán obligados a ofrecer servicios de información y asesoramiento profesionalizado.
     
    Capítulo IV
    Uso adulto
     
    Artículo 37. Queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, preparar, producir, procesar, transportar, distribuir y vender Cannabis con fines lúdicos siempre y cuando cuenten con una licencia de autorización y cumplan con los requisitos de esta Ley, así como los establecidos por las autoridades competentes.
    Artículo 38. Queda permitido fumar Cannabis en espacios públicos, a excepción de los espacios 100% libres de humo de tabaco.
    Artículo 39. Los paquetes de Cannabis o sus productos, y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos se sujetarán a lo siguiente:

    1. Ser aprobados por el Instituto;
    2. Ser estándar;
    3. Ser resellables a prueba de niños y niñas;
    4. Con símbolo de THC universal;
    5. Establecer niveles de THC y CBD;
    6. Establecer el tipo de Cannabis y sus posibles efectos;
    7. Leyendas de reducción de daños en las que se describan los posibles efectos del consumo de Cannabis, las cuales deberán: ser grandes, claras, visibles y legibles; y ocupar al menos el 30% de las superficies principales expuestas.

     
    Artículo 40. La venta de Cannabis y productos derivados del mismo para uso adulto se delimitará a establecimientos específicos, los cuales solo podrán vender exclusivamente Cannabis, sus derivados y sus accesorios. El Instituto determinará los puntos de venta autorizados.
    Artículo 41. Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos de Cannabis para uso adulto tendrán las siguientes obligaciones:

    1. Ofrecer servicios de información y asesoramiento profesionalizado.
    2. Mantener un anuncio situado al interior del establecimiento con las leyendas sobre la prohibición de comercio, venta, distribución o suministro a menores de edad,
    3. Exigir a la persona que quiera entrar al local que acredite su mayoría de edad, con identificación oficial con fotografía sin la cual no podrá realizarse lo anterior,
    4. Exhibir en los establecimientos las leyendas de advertencia autorizadas por el Instituto, y
    5. Exhibir en los establecimientos las licencias de venta emitidas por el Instituto.

    Lo establecido en este artículo se sujetará a lo establecido en los reglamentos correspondientes y demás disposiciones aplicables.
    Artículo 42. Queda estrictamente prohibido bajo los términos de esta Ley comerciar:

    1. Producto de Cannabis para uso adulto que exceda el porcentaje de niveles de THC, así como la relación THC: CBD establecido por el Instituto.
    2. Productos mezclados con otras sustancias tales como alcohol, nicotina, tabaco, cafeína, o cualquiera que aumente, real o potencialmente, el nivel de adicción.
    3. Productos de Cannabis fuera del empaquetado determinado por el Instituto.

    Capítulo V
    Uso industrial
     
    Artículo 43. Queda permitida la siembra, cultivo, cosecha, preparación, fabricación, producción, distribución y venta de Cannabis para fines industriales, siempre y cuando se realice en el marco de la legislación vigente y con autorización previa del Instituto.
    Título Quinto
    Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis
    Capítulo I 
    Facultades y Atribuciones
     
    Artículo 44. Se crea el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, como un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud.
    El Instituto tendrá la absoluta rectoría sobre la siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización de cualquier forma del Cannabis y sus derivados. El Reglamento respectivo regulará las formas en las que los particulares podrán participar en alguna de las actividades que la propia Ley señale.
    Artículo 45. El Instituto tendrá como objetivos:

    1. Crear la regulación que garantice que el enfoque de salud pública, de reducción de riesgos y daños relacionados con el consumo de Cannabis, el cual debe predominar sobre el interés del comercio y otros intereses creados de la industria del Cannabis.
    2. Reglamentar las actividades de plantación, cultivo, cosecha, transporte, almacenaje, producción, elaboración, distribución, comercialización, expendio y venta de Cannabis, en el marco de las disposiciones de la presente Ley y la legislación vigente.
    3. Aplicar medidas de seguridad, el aseguramiento de productos que se presuma que sean nocivos o que carezcan de los requisitos básicos y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan con las disposiciones vigentes.
    4. Vigilar, revisar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.
    5. Promover y proponer acciones tendientes a reducir los riesgos y daños asociados al uso de Cannabis, de acuerdo con las políticas públicas definidas por la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, tomando en cuenta los principios de esta Ley.
    6. Evaluar la regulación en los usos del Cannabis.
    7. Revisar, recabar y difundir la información específica y orientación a los diferentes grupos involucrados en el mercado regulado de Cannabis.

    Artículo 46. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

    1. Establecer los lineamientos bajo los cuales se otorgarán las licencias de siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, transporte, distribución, venta y comercialización.
    2. Otorgar licencias y prórrogas para cultivar, cosechar, procesar, almacenar, transportar y vender cannabis para fines personales, medicinales y comerciales conforme con lo dispuesto en la presente Ley y en la reglamentación respectiva, las cuales son excluyentes. El Instituto sólo podrá asignar un tipo de licencia por licenciatario.
    3. Implementar medidas afirmativas en el otorgamiento de licencias;
    4. Retirar, suspender o cancelar licencias o prórrogas para cultivar, cosechar, procesar, almacenar, transportar y vender cannabis para fines personales, medicinales y comerciales conforme con lo dispuesto en la presente Ley y en la reglamentación respectiva;
    5. Aplicar sanciones administrativas pertinentes por infracciones a las normas regulatorias establecidas en esta Ley y su reglamentación, junto con autoridades estatales y municipales;
    6. Promover, realizar o comisionar investigación científica, médica y sociocultural relacionada al Cannabis y sus productos;
    7. Implementar el registro anónimo de auto productores para uso personal de cannabis;
    8. Establecer los lineamientos para la creación del padrón de cooperativas de cannabis;
    9. Determinar y aplicar medidas de seguridad y de ser necesario el aseguramiento de productos que se presuma son nocivos o carecen de los requisitos básicos;
    10. Autorizar la importación y exportación del Cannabis o sus derivados, y determinar las variedades susceptibles de ello con base en sus distintos tipos de uso y conforme a la legislación aplicable;
    11. Capturar, sistematizar y difundir toda la información estadística y personal generada de sus actividades;
    12. Expedir su estatuto orgánico, así como disposiciones administrativas de carácter general, lineamientos y demás disposiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley, y
    13. Las demás que esta Ley y las demás aplicables establezcan, así como las necesarias para ejercer sus atribuciones.

    Artículo 47. El Instituto deberá hacer las pruebas necesarias para determinar los contenidos del Cannabis y sus productos en los siguientes aspectos:

    1. Niveles máximos y mínimos de THC y CBD;
    2. El número de variedades de Cannabis con diferentes relaciones de THC y CBD que se puede cultivar para fines comerciales;
    3. Los tipos de contaminantes químicos y biológicos, metales pesados y terpenoides permitidos; y.
    4. En su caso, las relaciones de otros cannabinoides de interés sanitario.

    Artículo 48. En relación con las cooperativas de consumo el Instituto determinará:

    1. Las buenas prácticas de cultivo y aprovechamiento de Cannabis;
    2. El número de licencias de cooperativas que puede otorgarse en el país y en cada estado; y
    3. Los requisitos con los que deben cumplir las cooperativas.

    Artículo 49. En relación con la producción de Cannabis y sus derivados con fines comerciales el Instituto determinará:

    1. Las buenas prácticas de manufactura de los productos de Cannabis;
    2. Los productos que puedan producir aquellas personas con licencia incluyendo, pero no limitado a productos para inhalar, cápsulas o tabletas, aceites, cremas, remedios herbolarios, etc.;
    3. El número de licencias de venta que pueden otorgarse en el territorio mexicano en cada estado;
    4. El número de franquicias que una persona o empresa y sus filiales puede tener para la venta exclusiva de productos de Cannabis; y
    5. Los requisitos con los que deben cumplir los establecimientos donde se venda Cannabis o sus derivados.

    Artículo 50. El Instituto emitirá las reglas generales con las cuales los municipios deberán determinar:

    1. La ubicación de puntos de venta exclusiva en la localidad y las limitaciones de su ubicación, definiendo una distancia mínima entre los diferentes puntos de venta, entre ellos y los centros educativos;
    2. La cantidad de puntos de venta exclusiva en la localidad; y
    3. Los horarios de los puntos de venta.

    El Instituto deberá otorgar licencia con base en las necesidades de cada entidad federativa, siguiendo los principios de esta Ley. En caso de que ningún ayuntamiento apruebe el establecimiento de al menos un punto de venta en su territorio, éste se ubicará en la capital del estado y el gobierno estatal ejercerá las funciones que corresponderían al ayuntamiento correspondiente.
    Artículo 51. El Instituto es la autoridad encargada de la verificación sanitaria de los cultivos, transformación y transporte de la producción de Cannabis.
    Artículo 52. Las autoridades estatales serán las encargadas de la verificación sanitaria de los puntos de venta autorizados conforme a lo establecido en su legislación local. Las entidades federativas a su vez podrán delegar a los municipios la verificación sanitaria de los puntos de venta mediante convenio. Lo anterior, en apego a esta Ley y sus principios.
    Artículo 53. En relación con la evaluación, el Instituto deberá:

    1. Capturar, sistematizar y manejar información estadística generada de sus actividades. Para ello deberá consultar al INEGI, INAI y a autoridades del sector salud sobre las mejores prácticas para la consecución de los fines de esta Ley.
    2. Crear capacidad en áreas clave, incluyendo pruebas de laboratorio, licencias e inspección, y capacitación;
    3. Aprovechar las organizaciones existentes y nuevas para desarrollar y coordinar las actividades nacionales de investigación y vigilancia;
    4. Proporcionar investigación de financiación y actividades de vigilancia;
    5. Establecer un sistema de vigilancia y monitoreo, incluidos los datos de referencia, para el nuevo sistema;
    6. Asegurar la evaluación oportuna y reportar los resultados de los informes;
    7. Mandar una evaluación del programa cada cinco años para determinar si el sistema cumple con sus objetivos;
    8. Desarrollar información sobre lecciones y aprendizajes de México en la regulación del cannabis para que sea compartida con la comunidad internacional;
    9. Proporcionar información específica y orientación a los diferentes grupos involucrados en el mercado regulado de cannabis; y
    10. Emitir recomendaciones sobre protocolos de tratamiento y programas de reducción de riesgos y daños al Consejo Nacional Contra las Adicciones;

    Capítulo II 
    Organización
     
    Artículo 54. El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:

    1. Dirección General,
    2. Consejo Consultivo,
    3. Consejo Ciudadano, y
    4. Las estructuras administrativas tales como que se establezcan en el Estatuto Orgánico.

      
    Artículo 55. La Dirección General tiene como objetivo conducir los trabajos del Instituto con la finalidad de reducir los riesgos relacionados con la regulación del mercado del cannabis, como está previsto en esta Ley.
    Artículo 56. La persona titular de la Dirección General del Instituto será nombrada y removido por el titular de la Secretaría de Salud.
    El perfil de especialista para el cargo de titular de la Dirección General contempla temas de política de drogas, economía, política pública, medicina, sociología y derechos humanos.
    Artículo 57. La persona titular de la Dirección General del Instituto tendrá las siguientes facultades:

    1. Administrar y representar legalmente al Instituto;
    2. Ejercer las atribuciones que la Ley y el Reglamento Interno confieren al Instituto, coordinándose, en su caso, con las distintas autoridades que resulten competentes;
    3. Formular los lineamientos generales y específicos a los que se sujetarán las actividades sustantivas, operativas y administrativas del Instituto;
    4. Dirigir el establecimiento de medidas para la sistematización de la información sustantiva de carácter jurídico y de gestión;
    5. Establecer las comisiones y comités que requiera el funcionamiento administrativo del Instituto;
    6. Suscribir acuerdos, convenios y bases de coordinación y en general todo tipo de instrumentos jurídicos que sean necesarios para las actividades propias del Instituto;
    7. Coordinar las acciones encaminadas al establecimiento y fortalecimiento de las relaciones con otros órganos de gobierno;
    8. Dirigir la elaboración del informe anual de actividades;
    9. Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones;
    10. Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y reglamentarias.

    Artículo 58. El Consejo Consultivo tiene como objetivo establecer lineamientos y directrices generales de actuación del Instituto, a fin de proporcionar las instancias y mecanismos necesarios para una adecuada regulación del mercado del cannabis con enfoque de salud pública.
    Artículo 59. El Consejo Consultivo se integrará por un representante de las siguientes secretarías:

    1. Secretaría de Salud, quien lo presidirá;
    2. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
    3. Secretaría de Educación Pública;
    4. Secretaría de Gobernación;
    5. Secretaría de Hacienda;
    6. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
    7. Secretaría de Relaciones Internacionales;

     
    Artículo 60. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes facultades indelegables:

    1. Aprobar el Reglamento Interno y las normas de carácter interno del Instituto;
    2. Presentar propuestas para discusión y aprobación sobre la interpretación de cualquier disposición del Reglamento Interno o de cualquier disposición derivada del Reglamento;
    3. Conocer y aprobar el contenido de las recomendaciones generales, de las cuales podrán realizar las observaciones que consideren prudentes al texto de estas;
    4. Establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Instituto;
    5. Diseñar, proponer la política nacional en materia de control y regulación del Cannabis, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación.
    6. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría General.
    7. Mandar una evaluación del programa de control y regulación del Cannabis cada cinco años para determinar si el sistema de regulación cumple con sus objetivos.
    8. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría General y, con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales.
    9. Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y reglamentarias.

     
    Artículo 61. El Consejo Ciudadano tiene como objetivo vigilar el cumplimiento de las atribuciones de la Instituto, a través de la fiscalización de la gestión administrativa de sus Órganos y Unidades Administrativas, basándose en sistemas de control y seguimiento de metas establecidas en los programas de trabajo, así como de la prevención de actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de personas servidoras públicas del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves.
    Artículo 62. El Consejo Ciudadano será integrado por siete personalidades ciudadanas con fama pública de probidad, independencia y profesionales de la materia correspondiente. Las personas integrantes del Consejo Ciudadano deberán ser propuestas por instituciones académicas y organizaciones de sociedad civil.
    Artículo 63. El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes facultades indelegables:

    1. Presentar propuestas para discusión y aprobación sobre la interpretación de cualquier disposición del Reglamento Interno o de cualquier disposición derivada del Reglamento;
    2. Solicitar a la Dirección General que convoque a sesión extraordinaria cuando estime que hay razón de extrema importancia para ello;
    3. Analizar y emitir opiniones respecto del proyecto de informe anual de actividades del Instituto, que presente la Dirección General del Instituto;
    4. Evaluar los informes anuales de actividades y resultados, la cual deberá incluir una lista de recomendaciones y acciones a tomar por parte del Instituto;
    5. Conocer y presentar propuestas para el Reglamento Interno y las normas de carácter interno del Instituto;
    6. Presentar propuestas para discusión y aprobación sobre la interpretación de cualquier disposición del Reglamento Interno o de cualquier disposición derivada del Reglamento;
    7. Conocer el contenido de las recomendaciones generales, de las cuales podrán realizar las observaciones que consideren prudentes al texto de estas;
    8. Conocer y presentar propuestas para la política nacional en materia de control y regulación del Cannabis, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación.
    9. Conocer y presentar propuestas para la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la propuesta que someta a consideración la Secretaría General.
    10. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría General y, con base en las mismas, proponer medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales.
    11. Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y reglamentarias.

    Título Sexto
    Reducción de riesgos

    Capítulo Único
     
    Artículo 64. Todos los actores del mercado regulatorio están obligados a implementar acciones para la disminución de riesgo relacionado con el consumo del cannabis. Dichas medidas deberán:

    1. Promover y fortalecer la educación y concientización del público -con énfasis en poblaciones vulnerables: niños, niñas y jóvenes- acerca de las cuestiones relativas al consumo del cannabis utilizando de forma apropiada todos los instrumentos de comunicación disponibles;
    2. Priorizar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad;
    3. Respetar y proteger los derechos humanos; y
    4. Tener en cuenta los riesgos relacionados específicamente con el género.

    Título Séptimo
    Sanciones

    Capítulo Único
     
    Artículo 65. El incumplimiento a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella, serán sancionados administrativamente por el Instituto, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.
     
    Artículo 66. Las sanciones administrativas podrán ser:

    1. Amonestación con apercibimiento;
    2. Multa;
    3. Suspensión temporal o definitiva de la licencia, que podrá ser parcial o total,
    4. Trabajo en favor de la comunidad; y
    5. Arresto hasta por treinta y seis horas.

     
    Artículo 67. Al imponer una sanción, la autoridad fundará y motivará la resolución, tomando en cuenta:

    1. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas;
    2. La gravedad de la infracción;
    3. Las condiciones socioeconómicas del infractor;
    4. La calidad de reincidente del infractor, y
    5. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción.

     
    Artículo 68. Se sancionará:

    1. Con multa de hasta cien unidades de medida y actualización, el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11, 16 fracción III y 38 de esta Ley. En todos los casos la autoridad administrativa podrá sancionar con arresto de hasta 36 horas y con trabajo en favor de la comunidad. En el supuesto del artículo 11, la autoridad competente podrá suspender temporalmente la licencia de conducir del infractor y, en caso de reincidencia, proceder a su cancelación.
    2. Con multa de mil hasta cuatro mil unidades de medida y actualización, el incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 16 fracción I, 27, 28 y 42 de esta Ley.
    3. Con pena conforme a la legislación aplicable, el incumplimiento del artículo 10 de esta Ley. 

    Artículo 69. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda en cada ocasión. Para los efectos de este capítulo se entiende por reincidencia, que el infractor incumpla la misma disposición de esta Ley o sus reglamentos dos o más veces dentro del periodo de un año, contado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción inmediata anterior.
     
    Artículo 70. Procederá la clausura temporal o definitiva, parcial o total según la gravedad de la infracción y las características de la actividad o establecimiento, en los siguientes casos:

    1. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16, 20 y 23.
    2. En cualquiera de los supuestos del artículo 425 de la Ley General de Salud.
    3. Vender cannabis o sus productos sin la licencia correspondiente.

     
    Artículo 71. A la persona que entre en cualquiera de los supuestos de los incisos I y II del artículo 427 de la Ley General de Salud se sancionará con arresto hasta por 36 horas.
     
    Artículo 72. A la persona que conduzca un vehículo o maneje equipo o maquinaria peligrosa según el artículo 11 de esta Ley, se sancionará con arresto de 12 hasta por 36 horas.

    Artículo 73. Cuando con motivo de la aplicación de esta Ley, se desprenda la posible comisión de uno o varios delitos, la autoridad correspondiente formulará la denuncia o querella ante el Ministerio Público sin perjuicio de la sanción administrativa que proceda.

    Artículo 74. Los verificadores estarán sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

    Artículo 75. En todo lo relativo a los procedimientos para la aplicación de medidas de seguridad y sanciones, los recursos de inconformidad y prescripción, se aplicará lo establecido en las disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

    ARTÍCULOS TRANSITORIOS
     
    PRIMERO. Los artículos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del presente Decreto entrará en vigor a los 15 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
    SEGUNDO. Se emitirán los reglamentos a los que se refiere esta Ley, a más tardar 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
    TERCERO. Las autoridades correspondientes deberán, en un periodo de 30 días, elaborar los correspondientes programas de excarcelación de personas susceptibles de beneficiarse del presente Decreto, los cuales deberán ejecutarse en un periodo no menor a dos meses a partir de su determinación.

    CUARTO. Todos los procedimientos, recursos administrativos y demás asuntos relacionados con las materias a que refiere esta Ley, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor al presente Decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones de esta Ley o las vigentes en ese momento, según convenga, en beneficio de la persona en proceso.

    QUINTO. El gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; deberán adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las competencias que a cada uno corresponda, para que sean congruentes con la presente Ley.

    SEXTO. La Ley contenida en el artículo CUARTO de este decreto, su entrada en vigor será la siguiente:

    1. El régimen aplicable a las actividades referidas en el Título Segundo, Capítulo I entrará en vigor al día siguiente de la publicación de este decreto.
    2. El régimen aplicable a las actividades referidas en el Título Segundo Capítulo II, así como las referidas en el Título Tercero, Título Cuarto y Título Quinto entrarán en vigor 90 días naturales después de la publicación de este decreto.

     
    SÉPTIMO. Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, procedimientos y derechos reconocidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo previsto en los Transitorios.
    Salón de sesiones del Senado de la República, a los 08 días del mes de Noviembre de 2018.

Teresa Gurza

La diferencia

Francisco Ramírez
1
Son de la Loma
De la Suprema Corte
1

De interés.

Rafael Cardona Sandoval
1

Estación San Lázaro