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BRÚJULA
LA REFORMA AL CÓDIGO PENAL PARA SANCIONAR CON CÁRCEL A QUIEN REPARE UN EQUIPO ELECTRÓNICO, ES UN EXCESO DE MORENA.
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PORTAL DE CONTENIDOS/ 10 DE JULIO 2020.

LA SOCIEDAD EXIGE UN GOBIERNO EFICAZ.

¡CRISIS EN CASA!

LA CENSURA DE MORENA

http://issuu.com/mundol/docs

NACIONAL

REFORMA MORENA EL CÓDIGO PENAL. CENSURA INTERNET.

Las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y que legalizan la censura en Internet configuran el más grave retroceso legislativo para la libertad de expresión del que se tenga memoria, según denunciaron ONG´s agrupadas en R3D.

Será ilegal y meritorio de sanciones –que pueden alcanzar multas de 1.7 millones de pesos y hasta 6 años de prisión– eludir un candado digital para inspeccionar, reparar, dar mantenimiento o modificar un aparato, vehículo o dispositivo tecnológico o eludir un candado digital para ejercer los derechos a la libertad de expresión, amparados por las excepciones y limitaciones al derecho de autor reconocidas en los artículos 148 y 151 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De manera apresurada y sin discusión, las Cámaras de Senadores y Diputados aprobaron diversas reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal derivadas de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) que entra en vigor el día de hoy. Estas reformas violan la Constitución, son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos y atentan gravemente en contra de los derechos fundamentales de millones de personas usuarias de tecnología en México.

Las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor establecen un mecanismo privado de censura en Internet, conocido como “notificación y retirada”, que obliga a los proveedores de servicios en línea a remover cualquier publicación o contenido de sus usuarios cuando una persona alegue que se violan sus derechos de autor; sin necesidad de que se aporte prueba alguna de dicha infracción y sin que una autoridad judicial lo ordene tras un juicio que respete las garantías del debido proceso.

Al permitir que cualquier particular censure expresiones en línea, sin que deba seguirse un proceso legal para determinar si la expresión efectivamente constituye una infracción a derechos de autor, se establece un mecanismo extrajudicial de censura claramente violatorio del derecho a la libertad de expresión, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución y en tratados internacionales, como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos¹.

La legalización de la censura se materializa en un momento en el cual la libertad de expresión, y en particular la labor periodística, se encuentra bajo asedio. En efecto, hemos documentado cómo en México² se han bajado páginas enteras con información periodística de interés público bajo una supuesta vulneración a los derechos de autor, y ha sido abusado por parte de diversos actores políticos y económicos para censurar. Este procedimiento extrajudicial pone en mayor riesgo el ejercicio periodístico en México.

La organización recordó que, “desde hace unos meses, estamos trabajando con un grupo de diputados y diputadas de diversos grupos parlamentarios para avanzar en un paquete de reformas a cuando menos 20 leyes para garantizar la libertad de expresión. Lamentamos profundamente que esa voluntad política para defender la libertad de expresión en este caso haya sido nula”.

Igualmente, las reformas aprobadas criminalizan la elusión de medidas tecnológicas de protección (candados digitales) sin contemplar excepciones, existentes en Estados Unidos –permitidas por el TMEC– y que resultan fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos.

“Denunciamos la sumisión mostrada por el Congreso y la Secretaría de Economía –dependencia federal responsable de la negociación del TMEC– ante los intereses privados, así como el abandono de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, establecidas en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte”.

Y anunciaron que combatirán las reformas aprobadas ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, exigimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las y los legisladores que votaron en contra de estas disposiciones, que interpongan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


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SCJN: AVALA LEGÍTIMA DEFENSA

  • El Senado aprobó reformar la fracción IV del artículo 15 así como adicionar un párrafo al artículo 16 del Código Penal Federal, en una iniciativa de Silvana Beltrones (PRI),

    El objeto de esta iniciativa es fortalecer la figura de la legítima defensa en el Código Penal Federal, con un enfoque pro víctima y de género, pretendiendo a su vez que el espíritu de la reforma propicie la armonización del contenido correspondiente en los códigos penales sustantivos en cada entidad, y que sea un precedente importante en la configuración de esta institución en el Código Penal Nacional que se encuentra en las agendas legislativas de varias fuerzas políticas.

    Los senadores la avalaron para quedar de la siguiente forma:

    Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño, lesión o privación de la vida a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión;

    Artículo 16.- En los casos de exceso de legítima defensa o exceso en cualquier otra causa de justificación se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito de que se trate, quedando subsistente la imputación a título doloso.

    No se considerará exceso en la defensa legítima cuando concurran circunstancias en las que la persona que se defiende se encuentre en estado de confusión, miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados.

    Asimismo se considera adecuado ampliar el ámbito de protección de las mujeres que son procesadas penalmente por defenderse de violencia familiar o feminicida. Es importante establecer una presunción de legítima defensa para dichas mujeres y realizar actos de protección que las considere como víctimas de violencia así como a sus familias mientras dura el proceso penal. Esto garantizará por un lado que no se sigan realizando actos de violencia e intimidación por parte de los agresores, así como desincentivará las conductas delictivas en primer lugar promoviendo la denuncia oportuna por parte de más mujeres.

    Por ello se propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia adicionando un artículo 34 BIS al capítulo VI relativo a las órdenes de protección para quedar como sigue:

    Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

    SEGUNDO. Se adiciona un artículo 34 BIS a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

    ARTÍCULO 34 BIS.- En los procesos penales en los que, conforme a la legislación aplicable, existan elementos objetivos suficientes que permitan establecer que se puede estar en presencia de legítima defensa motivada por violencia familiar o feminicida, las autoridades competentes deberán otorgar o en su caso solicitar inmediatamente y de oficio, las órdenes de protección que se ajusten al caso en concreto y que aseguren la protección de la mujer imputada y su familia.

    En la iniciativa de la senadora Beltrones, se destaca como derecho comparado la legislación en Estados Unidos de Norteamérica, en dónde en 16 estados del vecino país, se regula la legítima defensa de forma que el agredido no tenga obligación de huir del lugar antes de poder defenderse por la fuerza y que, además, pueda hacer incluso uso de fuerza letal para proteger su vida y sus bienes.

    Esto implica que, independientemente del resultado y siempre que se cumplan los requisitos de proporcionalidad, agresión legítima y falta de provocación, el agredido puede recurrir a una fuerza cuyo resultado final lleve a la muerte del atacante.

    En su exposición de motivos, se detalla como sustento den la Iniciativa, que el 14 de octubre de 2015 María Guadalupe Pereda Moreno (Mary), una joven chihuahuense de 19 años de edad, estaba privada de su libertad y siendo atacada a golpes por su pareja, quien armado y bajo el influjo de alcohol y drogas, la amenazaba con ultrajarla y asesinarla. En el forcejeo el arma se disparó y la pareja de María cayó herido. Fue la misma Mary quien solicitó auxilio por parte de sus vecinos, quien dio aviso a las autoridades y pidió atención médica para su pareja. En el camino al hospital éste falleció. A Mary se le acusó y sentenció por el delito de “homicidio en riña con carácter de provocado”. A pesar de que este hecho a desatado la indignación pública y llevado a instancias internacionales como la CEDAW por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, la realidad es que Mary permanece en la cárcel por haber evitado su propio feminicidio a manos de su novio, quien la amenazó de muerte previamente en estado de ebriedad y drogado, con la misma arma que Mary se logró defender.

    Desgraciadamente en nuestro país este caso se suma a otros como el de “Itzel” o Yakiri Rubio, adolescentes que privaron de la vida a sus atacantes cuando pretendían violarlas, y que tuvieron que enfrentar procesos penales y averiguaciones ante interpretaciones de la ley que lejos de reconocer la situación de vulnerabilidad de las mujeres en los casos que involucran violencia de género, las revictimizan.

RELEVANTE

SCJN: INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL.

  • En México las personas tienen derecho a demandar una indemnización por “error judicial”, con fundamento en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), cuando hayan sido condenadas mediante “sentencia firme”, según estableció hoy la Suprema Corte.

    El asunto analizado derivó de un juicio ordinario civil en el que una persona demandó al Gobierno de la Ciudad de México una indemnización por “error judicial” con base en lo establecido en el artículo 10 de la CADH. Lo anterior, toda vez que dicha persona fue condenada por la comisión del delito de homicidio a partir de una incorrecta valoración probatoria; circunstancia que fue constatada por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo en el que ordenó su absolución.

    En primera y en segunda instancia, el Juez Civil y la Sala respectiva de la Ciudad de México desestimaron las pretensiones del actor, por lo que éste promovió juicio de amparo. En un primer amparo, el Tribunal Colegiado ordenó a la Sala que se pronunciara sobre los agravios que omitió analizar. Sin embargo, en un segundo amparo, el Tribunal negó la protección constitucional al quejoso argumentando que el último párrafo del artículo 109 de la Constitución General sólo prevé la responsabilidad patrimonial del Estado por actividad administrativa irregular, no jurisdiccional, lo que a su juicio constituía una “restricción expresa” al derecho a una indemnización por error judicial contenido en el artículo 10 de la CADH. Por esta razón, el Tribunal consideró que la indemnización solicitada por el quejoso era improcedente.

    En contra de dicha sentencia, el quejoso interpuso un recurso de revisión el cual fue remitido al Tribunal Pleno de la SCJN. Al resolver el recurso, el Pleno sostuvo que la interpretación del Tribunal Colegiado era equivocada, ya que si bien el último párrafo del artículo 109 de la Constitución no contempla la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de actos jurisdiccionales, no establece una “restricción expresa” al derecho a una indemnización por error judicial.

    Además, las Ministras y los Ministros recordaron que tras la reforma al artículo 1° de la Constitución General, publicada el 10 de junio de 2011, se incorporaron en nuestro ordenamiento todos los derechos humanos previstos en los tratados internacionales suscritos por México, entre ellos, los que se derivan de la CADH. Consecuentemente, el Pleno concluyó que en México el derecho a obtener una indemnización por error judicial es procedente con fundamento en el artículo 10 de la CADH.

    Sin embargo, la SCJN advirtió que uno de los requisitos de procedencia del derecho a una indemnización por error judicial previsto en el artículo 10 de la CADH es que la condena haya adquirido el carácter de “firme”; lo que no sucedió en el caso, ya que la misma fue revocada con motivo del juicio de amparo en el que se ordenó la absolución del sentenciado. Así, al no cumplirse el requisito de que la condena haya adquirido firmeza, previsto en el mencionado artículo 10 de la CADH, la SCJN determinó que lo procedente era negar el amparo, aunque por razones distintas.

    Amparo directo en revisión 3584/2017, derivado del promovido por Álvaro Manuel Acosta Terán, en contra de la sentencia de 18 de enero de 2017, dictada por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca de apelación 1153/2016.

SCJN

La diferencia

Francisco Ramírez
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Son de la Loma
De la Suprema Corte
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De interés.

Rafael Cardona Sandoval
1

Estación San Lázaro