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NADIE, EN LEGÍTIMA DEFENSA, PISARÁ LA CÁRCEL

El Senado aprobó el martes de junio de 2020, reformar la fracción IV del artículo 15 así como adicionar un párrafo al artículo 16 del Código Penal Federal, en una iniciativa de Silvana Beltrones (PRI),

El objeto de esta iniciativa es fortalecer la figura de la legítima defensa en el Código Penal Federal, con un enfoque pro víctima y de género, pretendiendo a su vez que el espíritu de la reforma propicie la armonización del contenido correspondiente en los códigos penales sustantivos en cada entidad, y que sea un precedente importante en la configuración de esta institución en el Código Penal Nacional que se encuentra en las agendas legislativas de varias fuerzas políticas.

Los senadores la avalaron para quedar de la siguiente forma:

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño, lesión o privación de la vida a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión;

Artículo 16.- En los casos de exceso de legítima defensa o exceso en cualquier otra causa de justificación se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito de que se trate, quedando subsistente la imputación a título doloso.

No se considerará exceso en la defensa legítima cuando concurran circunstancias en las que la persona que se defiende se encuentre en estado de confusión, miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados.

Asimismo se considera adecuado ampliar el ámbito de protección de las mujeres que son procesadas penalmente por defenderse de violencia familiar o feminicida. Es importante establecer una presunción de legítima defensa para dichas mujeres y realizar actos de protección que las considere como víctimas de violencia así como a sus familias mientras dura el proceso penal. Esto garantizará por un lado que no se sigan realizando actos de violencia e intimidación por parte de los agresores, así como desincentivará las conductas delictivas en primer lugar promoviendo la denuncia oportuna por parte de más mujeres.

Por ello se propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia adicionando un artículo 34 BIS al capítulo VI relativo a las órdenes de protección para quedar como sigue:

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

SEGUNDO. Se adiciona un artículo 34 BIS a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

ARTÍCULO 34 BIS.- En los procesos penales en los que, conforme a la legislación aplicable, existan elementos objetivos suficientes que permitan establecer que se puede estar en presencia de legítima defensa motivada por violencia familiar o feminicida, las autoridades competentes deberán otorgar o en su caso solicitar inmediatamente y de oficio, las órdenes de protección que se ajusten al caso en concreto y que aseguren la protección de la mujer imputada y su familia.

En la iniciativa de la senadora Beltrones, se destaca como derecho comparado la legislación en Estados Unidos de Norteamérica, en dónde en 16 estados del vecino país, se regula la legítima defensa de forma que el agredido no tenga obligación de huir del lugar antes de poder defenderse por la fuerza y que, además, pueda hacer incluso uso de fuerza letal para proteger su vida y sus bienes.

Esto implica que, independientemente del resultado y siempre que se cumplan los requisitos de proporcionalidad, agresión legítima y falta de provocación, el agredido puede recurrir a una fuerza cuyo resultado final lleve a la muerte del atacante.

En su exposición de motivos, se detalla como sustento den la Iniciativa, que el 14 de octubre de 2015 María Guadalupe Pereda Moreno (Mary), una joven chihuahuense de 19 años de edad, estaba privada de su libertad y siendo atacada a golpes por su pareja, quien armado y bajo el influjo de alcohol y drogas, la amenazaba con ultrajarla y asesinarla. En el forcejeo el arma se disparó y la pareja de María cayó herido. Fue la misma Mary quien solicitó auxilio por parte de sus vecinos, quien dio aviso a las autoridades y pidió atención médica para su pareja. En el camino al hospital éste falleció. A Mary se le acusó y sentenció por el delito de “homicidio en riña con carácter de provocado”. A pesar de que este hecho a desatado la indignación pública y llevado a instancias internacionales como la CEDAW por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, la realidad es que Mary permanece en la cárcel por haber evitado su propio feminicidio a manos de su novio, quien la amenazó de muerte previamente en estado de ebriedad y drogado, con la misma arma que Mary se logró defender.

Desgraciadamente en nuestro país este caso se suma a otros como el de “Itzel” o Yakiri Rubio, adolescentes que privaron de la vida a sus atacantes cuando pretendían violarlas, y que tuvieron que enfrentar procesos penales y averiguaciones ante interpretaciones de la ley que lejos de reconocer la situación de vulnerabilidad de las mujeres en los casos que involucran violencia de género, las revictimizan.

 


 

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